Sesión 4

Miércoles, 21.09.2022, 17-18:30h

Sistematizado por: Jana Vasil’eva

Mtra. Mónica Orozco

Directora de Genders, A.C., investigadora asociada externa del Centro de Estudios Espinosa Yglesias y consultora de diversos mecanismos internacionales e instituciones del sector público en México, Colombia, Ecuador, y República Dominicana.

Mónica Orozco destacó que el combate a las desigualdades, así como la promoción de la movilidad social e igualdad de oportunidades, requiere el impulso de una política coherente de cuidados. El informe “Movilidad social, políticas de cuidados y protección social” del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), con la autoría de Mónica y su equipo, identifica las principales barreras a la movilidad social de las personas en México. Aquí se cristaliza que, a nivel nacional, nacer en la parte baja de la escalera social, en el Sur del país y ser mujer tiene efectos significativos en las posibilidades de ascender en la escala social para mejorar las condiciones de vida a lo largo de las trayectorias de vida de las personas.

Mónica puntualizó que, en el México de hoy, la mayor parte de las labores de cuidados son realizadas de manera no remunerada, al interior de los hogares y por las mujeres. En este contexto, un pilar de las desigualdades consiste en que la gran mayoría de las mujeres son excluidas de los esquemas de seguridad social debido a la carga de trabajo de cuidados que recae en ellas y que limita sus posibilidades de participar en el mercado laboral formal, en la educación y especialización, así como en la vida política.

Ante la carencia de esquemas que contrarresten estos mecanismos de exclusión, el mencionado estudio del CEEY dimensiona que el contexto mexicano se caracteriza por una enorme desigualdad en el acceso a opciones de cuidado infantil entre las mujeres de distintos estratos de la población: Mientras que meramente 2.3 por ciento de las mujeres que se desenvuelven en el segundo decil, es decir los hogares más pobres del país, cuentan con acceso a servicios de guardería para sus hijas e hijos; en el caso de las trabajadoras del decil de los hogares con mayores ingresos, el 35.5 por ciento tiene acceso a estos servicios. Es justo esta falta de opciones cotidianas de cuidado –infantil, de personas adultas mayores, de personas con discapacidades que requieren cuidados intensos y extensos, así como de personas con enfermedades– que limitan el espacio de decisión de las mujeres sobre sus vidas, así como la presencia de los saberes y experiencias femeninas en distintos ámbitos de la vida social, económica, política y cultural.

En resonancia, basado principalmente en la Encuesta de Movilidad Social del CEEY, Mónica enfatizó que el peso de la protección social es muy importante para entender la desigualdad que enfrentan las mujeres, personas, hogares, dependiendo de su posición en la escala socioeconómica. Contar con los servicios de protección y seguridad social explica 38 por ciento de la desigualdad que hoy por hoy enfrentan las mujeres en los estratos más pobres (es decir en el primer quintil o el 20 por ciento de población en mayores condiciones de pobreza). En contraste, contar con seguridad social explica meramente 11 por ciento de la desigualdad que hoy enfrentan las mujeres en los quintiles más ricos.

Partiendo de este escenario, el estudio sugiere que es sumamente relevante contar con políticas públicas de cuidados y protección social con perspectiva de género. A raíz de ello, el CEEY está trabajando en una propuesta de política pública para los sistemas de cuidados con la Agencia Francesa para el Desarrollo y con un componente territorial en Nuevo León de la mano con el Consejo Nuevo León. Actualmente, están proponiendo cinco vertientes de políticas públicas, cada vertiente se segmenta en diversas acciones. Las acciones están acompañadas por una línea transversal que impulsa la generación de estadísticas para profundizar el estudio de la economía del cuidado y de la dinámica en la cual se organizan y se proveen los cuidados, como base para la articulación de propuestas de política pública sustentadas, a partir de la información estadística así como una conversación continua, constante y profunda con organizaciones de la sociedad civil en donde cuidadoras y personas que requieren cuidados estén representadas. Las cinco vertientes son las siguientes:

  1. Instituir el derecho al cuidado en el marco legal
  2. Establecer y ampliar servicios en establecimientos
  3. Establecer y ampliar servicios domiciliarios
  4. Promover la corresponsabilidad
  5. Materializar las políticas de cuidado en el gasto social y gasto fiscal

Mónica destacó que las desigualdades estructurales que marcan el contexto mexicano se agravaron durante la pandemia y que estas desigualdades están atravesadas por los arreglos de cuidado. El 75 por ciento del trabajo no remunerado es realizado por las mujeres. Este trabajo equivale al 23.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), en la pandemia la proporción del trabajo de cuidado no remunerado ascendió al 27.6 por ciento del PIB. Si hubiera que pagar por esta parte del trabajo, sería casi una tercera parte del PIB. México sigue manteniendo tasas bajas de participación laboral en el trabajo remunerado: la participación laboral de las mujeres en México fue tan solo de 45 por ciento en el 2019, comparado con 77 por ciento para los hombres, lo que equivale a una brecha de 32 puntos porcentuales. Desde la mirada analítica de Mónica, esta desigualdad de género se agrava porque en el contexto mexicano carecemos de políticas de cobertura amplia, lo cual permitiría el acceso de mayores grupos de población a estancias infantiles, escuelas de tiempo completo, así como garantías de acceso a la seguridad y protección social específicamente para las trabajadoras del hogar remuneradas. La pandemia impidió que las redes tradicionales familiares sigan sustituyendo la responsabilidad del Estado de proveer cuidado. Según Mónica Orozco, estas redes aún no se reponen, muchas mujeres tuvieron que abandonar su trabajo remunerado y esto se puede convertir en un círculo vicioso ya que el país y la economía necesitan que las mujeres podamos incorporarnos de manera plena al mercado laboral para fomentar el crecimiento económico que genera mayor recaudación.

Mónica repitió en varios momentos de su participación su llamado al Estado para crear políticas públicas orientadas al Sistema Nacional de Cuidados. En este sentido, considera importante escudriñar e impulsar servicios a domicilio que han sido poco contemplados en las deliberaciones en torno a dicho sistema y son muy importantes, por ejemplo para personas con discapacidades, ya que no todas las personas se pueden mover para recibir atención a través de servicios en establecimientos. El camino hacia el Sistema Nacional de Cuidados es largo y requiere de muchas alianzas y acciones desde la sociedad civil y centros de pensamiento. En referencia a la sociedad civil organizada, Mónica hizo tres llamados: i) Sumarse a la discusión y promoción de los marcos normativos para seguirlos discutiendo y abonando; ii) Facilitar espacios de discusión con representación de cuidadoras y de quienes requieren cuidados intensos y extensos (escuchar todas las voces, principales actoras y actores); iii) Contribuir a la generación de una propuesta amplia del Sistema de Cuidados, una propuesta que se construya basado en la información estadística necesaria, que abone a la ruta legislativa, que establezca los mecanismos institucionales para la construcción del Sistema de Cuidados partiendo de los mecanismos de coordinación existentes.

Mtra. Ana Fernanda Hierro

Especialista en diseño y evaluación de políticas públicas, así como en procesos de planeación plurales y de largo plazo. Además es feminista y miembra fundadora de dos organizaciones: Aúna México y Mujeres+Mujeres, desde donde empuja una mayor participación de las mujeres en la política y un discurso público con perspectiva de género. Se desempeña como Secretaría Técnica del Consejo Nuevo León, organismo facultado por ley para definir la visión de largo plazo de la estrategia de Nuevo León a 2030.

Ana Fernanda Hierro esclareció que el Consejo Nuevo León realiza su quehacer en 9 comisiones de trabajo donde participan más de 250 líderes del ámbito social, académico y sector privado para trabajar de la mano del gobierno estatal en proyectos estratégicos de diseño y evaluación de políticas públicas, así como de generación de conocimiento – desde una perspectiva de pluralidad, interseccionalidad y de género. Los principales proyectos realizados por este Consejo impulsan líneas de acción en la atención a las violencias contra las mujeres, la re-estructuración del sistema de pensiones estatal. Asimismo, recientemente el Consejo ha impulsado el primer estudio de movilidad social a nivel sub-nacional, el diseño de una política de salud mental a nivel estatal, así como la creación de una asociación multi-actor para la atracción de inversiones al estado de Nuevo León, y la coordinación de la única coalición de Gobierno Abierto que conjunta un gobierno sub-nacional y dos gobiernos municipales como parte del Open Government Partnership.