Sesión 2
Miércoles, 31.08.2022, 17-18:30h
Sistematizado por: Jana Vasil’eva
Invitadas: Dra. Luz Galindo Vilchis y Mtra. María del Rocío García
Dra. Luz Galindo Vilchis, Profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores (Nivel 1) y a la Red de Cuidados en México.
Dra. Luz Galindo Vilchis resaltó que el proceso que llevó a que Puebla se convirtiera en la segunda entidad federativa que legisle el derecho al cuidado se dio gradualmente, requirió y requiere un proceso de sensibilización, capacitación y cabildeo y surgió en un contexto cuando se debatían múltiples temáticas en el Congreso de Puebla – la interrupción legal del embarazo, la prevención y atención de la violencia hacia las mujeres y niñas, la transversalización de la perspectiva de género y los derechos de algunos grupos vulnerados; es decir las personas con discapacidades, LGBTTI+, familias unipersonales, mujeres indígenas. La ruta de trabajo inició explícitamente en el 2019, desde el argumento base que el ejercicio de la corresponsabilidad en el cuidado es un camino para contrarrestar la violencia de género hacia las mujeres y niñas.
Según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) del 2016, Puebla figura entre las 18 entidades con la mayor prevalencia de la violencia hacia las mujeres y niñas. En este contexto, el 22 de marzo del 2019, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, con respaldo de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, presentó ante la Secretaría Ejecutiva una solicitud de declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) para los municipios de Puebla y Tehuacán del Estado de Puebla por violencia feminicida, misma que fue admitida el 26 de marzo de 2019. Esto impulsó una ruta de coordinación interinstitucional y articuló un Plan de Acción. Dicho plan implicó la creación de subcomités para encaminar líneas de acción sustanciales en materia de la prevención de la violencia hacia las mujeres y niñas, la atención y jurisprudencia con perspectiva de género y reparación del daño, capacitación desde una perspectiva de género en el ámbito de la seguridad pública, educativo y de la comunicación. El proceso de coordinación interinstitucional implica la coordinación entre los tres poderes y la sociedad civil organizada.
La dinámica de articulación interinstitucional – a través de foros, capacitaciones y diálogos con grupos de la población por medio de algunas organizaciones de la sociedad civil – perfiló que la sobrecarga que implica para las mujeres y niñas ser las principales responsables del cuidado es un problema clave desde las percepciones de quienes participaban en estas conversaciones. Desde este punto de partida, el tema encontró camino hacia la labor cotidiana de varios gremios en el estado de Puebla. Así, por ejemplo, la policía del municipio de Atlixco incorporó a su plan de trabajo la prevención y atención de la violencia hacia las mujeres y niñas y se sensibilizó hacia el vínculo preventivo que se pueda establecer a través de la corresponsabilidad del cuidado entre los géneros. Paralelamente, un equipo interdisciplinario de investigación, del cual formaba parte la Dra. Galindo, analizó el panorama actual de los avances legislativos para consagrar el derecho al cuidado en la normativa nacional e internacional.
El hecho que se haya legislado el derecho al cuidado en la Constitución de la Ciudad de México (véase conversatorio del 24.08.2022) ha sido un ancla importante para los procesos en Puebla. Este proceso fue reforzado por los avances hacia una reforma a los artículos 4 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que fue aprobada de manera unánime en la Cámara de Diputados a finales del 2020. Sin embargo, el contexto poblano es una realidad con su propia historia, matices, saberes y retos. En este sentido, el proceso en marcha es de suma importancia y nos puede dar luces sobre cómo encuentra camino la agenda del derecho al cuidado en distintos contextos, cómo se despliega en el ámbito legislativo y en las instituciones por las cuales transitamos en el día a día – siendo el Congreso de Puebla uno de estos ámbitos.
Mtra. María del Rocío García, Titular de la Unidad para la Igualdad de Género del H. Congreso del Estado de Puebla.
Mtra. María del Rocío García resaltó que los cambios legislativos y la ruta de trabajo al interior del Congreso de Puebla requiere un balance fino de alianzas – un balance al cual ella abona significativamente a través de su trayectoria como Diputada Local LX Legislatura del H. Congreso del Estado de Puebla, Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Diputada Federal por la LXII Legislatura y en otros ámbitos de responsabilidad. También dejó entrever, que al promover la agenda de cuidados e igualdad de género en los ámbitos institucionales, es clave buscar que los liderazgos – en el caso del Congreso de Puebla, así como la Secretaría General – se apropien de la agenda y se vuelvan aliadas y aliados en los esfuerzos de largo aliento.
La ruta de trabajo desde y en el Congreso de Puebla se articula en dos dimensiones. La primera consiste en un esfuerzo constante de concientización y capacitación del personal en todos niveles a través de conversatorios internos, foros, así como la articulación de grupos de trabajo que pueden ser constantes o ad-hoc. La segunda dimensión, se encaminó mediante la elaboración de una iniciativa para reformar la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Puebla:
Esta reforma fue publicada en el Diario Oficial del Estado de Puebla y entró en vigor el 28 de julio del 2021, la normativa entró en funciones a partir del 13 de julio del 2022.
Sin embargo, la ruta legislativa es meramente un paso en el largo camino de materializar el derecho al cuidado en las instituciones y vidas de las personas. En este sentido, y partiendo del ámbito donde ella puede promover cambios, Mtra. García presentó una iniciativa para entablar una Unidad de Igualdad de Género en el Congreso del estado de Puebla. Actualmente, ella lidera dicha Unidad y articula acciones – tanto para el personal del Congreso (estructura orgánica) como en términos de la labor legislativa de dicha institución (estructura legislativa). Durante el primer año, se encaminaron acciones permanentes en materia de: i) permisos de paternidad y maternidad para las y los trabajadores del Congreso, se otorgó el día del cumpleaños de la trabajadora o del trabajador, de la misma manera se autorizó que atiendan fallecimiento de un familiar directo; ii) se revisaron los edificios del Congreso, se hicieron adecuaciones a los consultorios, lactarios, comedores en el edificio principal del Congreso, asimismo se hicieron adecuaciones en un edificio alterno para habilitar el acceso físico de personas con discapacidad; iii) se realizó un primer diagnóstico para para entender mejor las dinámicas de corresponsabilidad entre la vida personal, familiar y laboral de quienes laboran en el Congreso.
El diagnóstico arrojó que, de 146 trabajadores y trabajadoras del Congreso del Estado de Puebla, 6 no tienen con quien encargar el cuidado de sus hijos menores de 12 años; otros encargan los menores de edad al cuidado de las abuelas maternas o paternas; también se esclareció que hay personas que laboran en el Congreso y tienen una discapacidad que requiere algún tipo de cuidado especial. Estos pasos son valiosos y granitos de arena en el camino de largo aliento para hacer el derecho al cuidado una realidad vivida por todas las personas y en todos ámbitos por los cuales transitamos. Próximamente Mtra. García presentará el plan anual de la Unidad de Igualdad de Género para el siguiente año legislativo (15 de septiembre 2022 al 14 de septiembre 2023). Hay muchos retos: el trabajo en el Congreso está marcado por una dinámica laboral intensa y, una vez más, deja claro que la pugna por el derecho al cuidado también es pugnar por tiempo para el cuidado. Seguiremos con atención a los avances y aprendizajes desde el contexto poblano y deseamos que, muy pronto, se encaminen esfuerzos territoriales que cultiven sistemas locales y un sistema estatal de cuidados.